Alzas arancelarias de EE.UU. podrían violar compromisos ante la OMC, advierte la Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) puso en duda la legalidad de los recientes incrementos arancelarios aplicados por Estados Unidos. De acuerdo con su informe Perspectivas del Comercio Internacional 2025, las medidas adoptadas este año podrían vulnerar los compromisos asumidos por ese país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El organismo señaló que los aranceles actualmente vigentes superan los niveles máximos consolidados en la OMC, que en promedio alcanzan 4.8% para productos agrícolas y 3.2% para bienes no agrícolas. Asimismo, advirtió que la aplicación de tarifas diferenciadas a un mismo producto según su origen contradice el principio de Nación Más Favorecida, el cual exige un trato arancelario igualitario entre los miembros.

En el marco del sistema multilateral, cada país debe respetar límites máximos y aplicar los aranceles de forma uniforme. Sin embargo, las medidas recientes de Estados Unidos introducen excepciones que alteran ese esquema. Como consecuencia, la OMC estima que la proporción del comercio mundial bajo el principio de Nación Más Favorecida cayó de 80% a comienzos de 2025 a 72% en septiembre del mismo año.

La Cepal también indicó que estas alzas han afectado compromisos asumidos por Estados Unidos en acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Panamá y Perú, así como con Centroamérica y República Dominicana. La única excepción es el T-MEC, ya que los productos que cumplen con sus reglas de origen continúan exentos de aranceles.

El informe destacó además que los incrementos fueron implementados sin participación del Congreso, al amparo de facultades del Poder Ejecutivo por supuestas emergencias nacionales. Aunque tribunales comerciales declararon ilegales los llamados “aranceles recíprocos”, estos seguirán vigentes mientras la Corte Suprema analiza el caso, proceso que comenzará en noviembre de 2025. Actualmente, la estructura arancelaria estadounidense combina un gravamen base de 10%, tarifas recíprocas de hasta 50% y cargas sectoriales específicas.